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APUNTES SOBRE EL ATENTADO CON CARRO BOMBA EN BOGOTÁ D.C., II.

En el articulo pasado dije que, “como ciudadanos críticos debemos considerar todas la hipótesis posibles sin politizar este atroz y repudiable atentado”, y enfatice en que “la opinión pública no podría asegurar, pero tampoco descartar, que se trate de un autoatentado, es necesario reprochar el acto y actuar prudentemente, dado que el ELN con su silencio sobre el hecho deja ver cierta incertidumbre sobre la autoría o no por parte de alguna de sus estructuras, ellos deberán pronunciarse con certeza y claridad al respecto, porque sin duda, este tipo de acciones ensombrece más la negociación de paz, que hoy se mantiene casi nula, y la esperanza de un acuerdo de paz que haga brillar el verde esperanza en el territorio colombiano, más cuando sabemos que estamos frente a un gobierno de estirpe guerrerista que ha buscado, por todos los medios, hacer “trizas” el acuerdo de paz alcanzado con las FARC-EP”.

Hoy amanecimos con la noticia de que el Ejército de Liberación Nacional -ELN- en un comunicado titulado “El Camino es la Solución Política del Conflicto” y con fecha del 21 enero de 2019, ha reconocido la autoría del atentado con carrobomba contra la Escuela de Cadetes de Policía «General Francisco de Paula Santander» -ECSAN-, ubicada al sur de Bogotá D.C., que dejo un saldo de 68 heridos y 21 muertos, incluido el guerrillero que al estilo kamikaze se inmolo en el acto. Aunque en el comunicado no dice de manera directa que una de sus estructuras ejecutó el atentado, la Dirección Nacional de la guerrilla del ELN, justificó el atentado argumentando que “La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social” y agregan que “Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente”.

Casi como trayendo a colación el proverbio “Lo que es igual nunca es trampa”, le recordaron al Gobierno Nacional de Colombia que durante el cese al fuego unilateral que ellos implementaron entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019, las Fuerzas militares avanzaron en posiciones y ubicaciones favorables “difíciles de conseguir sin el cese” y que además, el 25 de diciembre de 2018 les habían lanzado en uno de sus campamentos más de 12 bombas que afecto incluso a una familia de campesinos que estaba cerca del lugar y argumentaron que: “En nuestros campamentos, que ante cualquier descuido son bombardeados, también se capacitan combatientes y oficiales; por lo anterior, nosotros no hemos interrumpido, ni aminorado los esfuerzos por la paz, pues tenemos claro que estamos en una guerra, debido a que la clase en el poder ha reiterado que los diálogos deben ser desarrollados en medio del conflicto. El ELN ha insistido en pactar un cese bilateral para generar un clima favorable a los esfuerzos por la paz, esta propuesta ha tenido importante respaldo nacional e internacional, pero la respuesta gubernamental ha sido negativa.” Además, agregan, que “Es entonces muy desproporcionado que mientras el Gobierno nos ataca, plantee que nosotros no podamos responder en legítima defensa”.

No obstante, aunque puede que la justificación del ELN tenga cierto grado de razón si se mira desde el derecho internacional humanitario, no podemos dejar de condenar, sin distingo de color político, de sexo o de religión, a este atroz hecho que hoy tiene enlutadas a 21 familias pobres y a Colombia entera, ¡sí, pobres!, porque ninguno de los hijos de los grandes poderosos que han llevado al país a caminar por los valles de sombras de muerte, han prestado a sus hijos como sangre de cañón en las fuerzas militares y de policía, ellos son la excepción ante el “Servicio Militar Obligatorio”, y además, como tienen dinero desde la cuna, no se ven obligados por el sistema a optar por una carrera militar o de policía que les ayude con el sostenimiento económico de sus hogares ya que el salario mínimo en Colombia no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas para una subsistencia digna.

Los que me conocen saben que soy de los que está de acuerdo con el derecho a la rebelión como principio universal del derecho internacional de los derechos humanos, y más cuando quedo reconocido así desde la Revolución francesa cuando se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), y que luego desarrollaron con más profundidad en los tres últimos artículos en la re-redacción del 24 de junio de 1793:

“Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.

Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.

Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”

Y estoy de acuerdo con el derecho a la rebelión como principio universal del derecho internacional de los derechos humanos, porque es un principio que activa o autoriza la desobediencia civil, y por tanto el derecho a resistirnos o revolucionarnos frente a la opresión, la tiranía o violación continuada de nuestros derechos fundamentales. Pero, aunque el derecho a la rebelión debe ser continuo en el tiempo y en el derecho, la rebelión no puede ser una constante sin fin en una sociedad porque los revolucionados con el tiempo terminaran, sin duda, violando los derechos por los que empezaron a luchar de manera continuada y entonces no se podrá distinguir si la cura es peor que la enfermedad, además, este atentado es sin duda una muestra clara de la falta de lectura política y del momento histórico por parte del ELN, quien con su respuesta en términos del derecho internacional humanitario parece olvidar que el conflicto interno colombiano más que jurídico es político y que la sociedad ya cansada de tanta violencia rechazó vehementemente la bomba del barrio La Macarena y el ataque al cuartel de Policía en la ciudad de Barranquilla.

Se olvida que desde la teología de la liberación se predica que toda acción política debe tener un objetivo militar (no siempre violento) y toda acción militar tiene o debe tener un objetivo político, y, para el caso concreto de este artículo, no veo cual es el objetivo político (espero no sea una miopía política del suscrito) de este atentado suicida, porque en vez de afianzar las raíces de los Diálogos de Paz con esa insurgencia o de mostrar las indulgencias que tiene el gobierno Colombiano frente a las otras víctimas (campesinos, Indígenas, Líderes y Líderesas Sociales, Defensores de Derechos Humanos, Activistas políticos, entre otras) que parece que no dolieran, lo que hizo sin duda alguna fue beneficia la clase corrupta de Colombia; Duque con su discurso de “mano Dura” aumentara popularmente en las encuestas políticas, la temperatura a la inminente salida de Néstor Humberto Martínez del cargo de Fiscal General de la Nación bajará, las noticias ya inocultables de la soterrada venta de Ecopetrol por parte de Carrasquilla pasara desapercibida, al caso de Odebrecht en el que está implicado los hijos de Álvaro Uribe Vélez, Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus demás “socios” (en su mayoría políticos en ejercicio) lo harán a un lado de los titulares de la prensa, se opacará la consolidación del “baloto” de Fedegan por parte de  José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, pero sobre todo beneficia a Álvaro Uribe Vélez, quien como buen guerrerista le sacara provecho político y económico a las muertes de los 21 cadetes y desviara la atención de sus procesos e investigaciones penales por paramilitarismo, despojo de tierras y compra de testigos.

Además, gracias a este atentado, al parecer se está cometiendo un «Falso Positivo Judicial» en contra de Ricardo Andrés Carvajal, Salgar quien dice que es inocente,  y su hija Nicolle Carvajal Torres, lo confirma, en razón a que él estuvo esa mañana haciéndoles el desayuno, también, se ha logrado opacar a nivel internacional las marchas sociales y estudiantiles organizadas para este mes en contra de las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional de Colombia (principalmente el ESMAD) y demás miembros de la fuerza pública, y del genocidio líderes y líderesas sociales en curso. Como si fuese poco, de manera irresponsable el Iván Duque, canceló los diálogos de paz con el ELN, sin escuchar las voces de las víctimas y de los líderes y líderesas sociales que piden a gritos desde los territorios que los diálogos de paz se mantengan, no porque estén de acuerdo con la guerrilla, sino porque están cansados de tanta violencia que no solo los afecta de manera directa, sino que los invisibiliza.

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